Evaluación de la eficacia terapéutica de los nuevos programas de intervención en violencia sexual

Abstract

A nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental. Aproximadamente 15 millones de mujeres de todo el mundo, de entre 15 y 19 años, en algún momento de su vida, han sufrido relaciones sexuales forzadas. Entre el 45 y el 55% de las mujeres en la Unión Europea ha sufrido acoso sexual desde los 15 años de edad.

En los centros penitenciarios existen desde hace dos décadas programas específicos de tratamiento dirigidos a los agresores sexuales. El año 2018 se diseñaron unos nuevos programas de intervención terapéutica subscritos dentro del Modelo de intervención dirigido a las necesidades de los individuos. Bajo este modelo terapéutico, se determina cuáles son los objetivos de intervención de los individuos a partir de la evaluación exhaustiva de sus principales factores de riesgo y necesidades criminógenas. Además, la evaluación de la intensidad con la que inciden el diferentes factores de riesgo en el individuo permite modular el grado de participación de los sujetos en los diferentes programas de intervención. De este modo, la intervención puede adaptarse a cada interno, más allá del hecho delictivo que haya cometido y de la duración de su condena, para asegurar que todos los individuos puedan realizar la intervención que los resulte más adecuada en función de sus necesidades.

En este sentido, los programas de rehabilitación tienen como objetivo reducir la tasa de reincidencia, lo cual, y en este caso específico, redunda en una reducción de la victimización. Es con este compromiso de mejora que los programas tienen que ofrecer todas las garantías de éxito posible.

Este es el primer estudio que analiza la eficacia de estos nuevos programas. La finalidad de esta evaluación de política pública es doble: saber qué funciona en el actual diseño y en la tarea llevada a cabo por los profesionales y que hay que modificar en las próximas ediciones. Todo ello para asegurar la dejación en el delito y la reinserción social de los condenados, sin que vuelva a haber más violencia contra sus víctimas.